La Comisaría Comunal 13 A, no se convertirá en un mega proyecto inmobiliario.
El Estado Nacional impidió la entrega a Ciudad de terreno reservado que iba a ser vendido para la construcción de torres. Se trata del predio donde funciona la Comisaría Comunal 13 A y una de las plantas de VTV.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires perdió un terreno, situado en el barrio porteño de Belgrano que le había sido cedido durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri para desarrollar un millonario emprendimiento inmobiliario.
Se trata del predio de 3.996,21 metros cuadrados, ubicado en las calles Echeverría 1175; Cazadores 2066; Juramento 1142 y Artilleros 2017/51/81, en la Comuna 13, identificado catastralmente como Circunscripción 16 – Sección 25 – Manzana 90 que había sido cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) durante la conducción de Ramón Lanús.
La cesión permitía a la administración de Horacio Rodriguez Larreta el uso precario y gratuito del inmueble en el cual actualmente funcionan una comisaría y una de las bases para la realización de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), entre otras actividades y que, según fuentes del gobierno nacional, iban a ser reemplazadas por un mega desarrollo inmobiliario.
La decisión se enmarcaba en el Decreto 518/2019 publicado el 26 de julio del 2019 en el Boletín Oficial que autorizó a la AABE a vender siete inmuebles del Estado Nacional, de los cuatro se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la Provincia de Buenos Aires y uno en Córdoba.
Entre ellos, se encontraba una manzana en Belgrano, ubicada en Artilleros 2017/51/81, de 12.503,52 m2, bajo jurisdicción del entonces Ministerio de Seguridad en donde se destaca la Comisaría Comunal 13 A (Ex Comisaría 51) con distintas oficinas, división de apoyo logístico, guardia interna, armería, casino, cocina, calabozos y depósitos.
También una playa de estacionamiento judicial; un espacio de 350 m2 que utiliza la Banda Musical de la Policía Federal Argentina; un sector para la Flota de Infantería de la Policía Federal Argentina; otro para la Planta Policial de Verificación vehicular y un adicional para la división de apoyo logístico activa de los Bomberos de la Policía Federal.
Pero a partir de la Resolución 80/2021 que aparece en la edición de este 7 de junio del Boletín Oficial de la Nación, se revoca el traspaso del terreno por pedido de las autoridades del Ministerio de Seguridad, a pesar de que no se llegó a desafectar de la jurisdicción de la Policía Federal que, en un informe elaborado en febrero pasado, había advertido que “la cesión de dicho espacio afectaría seriamente la maniobrabilidad de las playas de operaciones utilizadas por la División Apoyo Logístico y la Sección Tren Transporte y para las unidades de gran porte pertenecientes también a otros organismos nacionales, que se encuentran en reparación”.
Se sostenía también que en dicho espacio se planea emplazar otras dependencias de esa Superintendencia, concentrando varias unidades con necesidades similares, con la construcción de estructuras modulares para labores de periciales, entrenamiento físico, adiestramiento en lucha contra incendios, tareas investigativas.
Por lo tanto, las actuales autoridades de la AABE, cuyo titular es Martín Cosentino, coincidieron en la necesidad de dejar si efecto el traspaso del predio y revocar “por razones de oportunidad, mérito y conveniencia el permiso de uso” en el marco de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional “de hacer prevalecer el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”.
No se trata de un hecho aislado sino que forma parte del cambio de política de la actual gestión de la AABE con el gobierno porteño que, hasta el 2019, recibió una gran cantidad de terrenos de parte de Nación para encarar proyectos inmobiliarios.
En el caso de este predio de Belgrano, había sido incluido por la anterior gestión de Cambiemos en un decreto en el cual se informaba sobre la necesidad de venderlo “modificando los usos actuales, promoviendo la mixtura de usos acorde al entorno urbano inmediato y generar nuevos espacios públicos, con una una propuesta de usos mixtos: comercial y residencial”.
En ese momento, el terreno se dividiría en un 65% para uso público y el otro 35% sería de uso privado por la cual a las arcas del Estado Nacional ingresarían alrededor de u$s17 millones por el traspaso a la Ciudad.
La iniciativa necesitaba de la aprobación de la legislatura porteña para la rezonificación, hecho que no se pudo llevar a cabo.
De todos modos, para los funcionarios de la actual gestión del presidente Alberto Fernández, la finalidad de la iniciativa erra la de profundizar la política urbana desarrollada a través de la cual se fomentaron los negocios inmobiliarios en la Ciudad y se financiaron obras con la venta de bienes del Estado. iProfesional
