Coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad: Cajera y pastelera Karina Milei
En estos días estalló un nuevo escándalo que sacude a la política nacional y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre funcionarios, empresarios y los fondos destinados a la salud pública. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se transformó en un verdadero campo minado tras la salida de su titular, Diego Spagnuolo, y la designación de un interventor.
Spagnuolo en la mira y la intervención de la ANDIS
Spagnuolo, abogado personal del Presidente, quedó en el ojo de la tormenta tras la filtración de audios donde se mencionan supuestos pagos de sobornos en licitaciones de medicamentos. Ante la presión política y mediática, el Gobierno decidió desplazarlo junto con Daniel Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, acusado de “manejar la caja” del organismo.
La respuesta inmediata fue la intervención administrativa de la ANDIS, a cargo del doctor Alejandro Vilches, hombre de confianza del ministro de Salud, Mario Lugones. Su tarea: auditar el estado del organismo, detectar irregularidades y emitir un informe con recomendaciones.
Los allanamientos y la causa judicial
El juez federal Sebastián Casanello, con el fiscal Franco Picardi, ordenó 14 allanamientos en un operativo que abarcó:
La sede central de la ANDIS.
Los domicilios de Spagnuolo y Garbellini.
La droguería Suizo Argentina S.A., principal proveedora del organismo.
Se incautaron computadoras, documentación sobre licitaciones, contratos y transferencias. En Nordelta se hallaron sobres con dólares, mientras que en Pilar Spagnuolo fue localizado dentro de un vehículo y se le secuestró el celular, considerado prueba clave.
La denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón, en representación de Cristina Fernández de Kirchner, sostiene que existió una asociación ilícita entre funcionarios y empresarios farmacéuticos para cobrar y pagar coimas que afectan directamente los fondos públicos.
El tablero político y la tensión en la Rosada
El clima en Casa Rosada se volvió tenso. Spagnuolo, antes de su salida, había tenido encuentros registrados con Eduardo “Lule” Menem, lo que compromete aún más al oficialismo. Puertas adentro, el Gobierno busca despegar a Karina Milei y al círculo cercano, mientras se baraja usar a Garbellini como fusible político y judicial.
La estrategia libertaria se centra en mostrar “inflexibilidad” y auditar las pensiones por discapacidad. De hecho, ya circula la posibilidad de suspender cerca de 220.000 pensiones no contributivas del programa Incluir Salud, lo que genera alarma en los sectores afectados.
Lo que viene: Congreso y presión social
La Comisión de Salud de Diputados citó para el martes próximo al ministro Mario Lugones y al interventor Vilches. Se espera que den explicaciones sobre las denuncias y el futuro de las pensiones.
Mientras tanto, organizaciones de personas con discapacidad, familias y especialistas advierten que el ajuste no puede recaer sobre los más vulnerables. El sector privado, por su parte, insiste en rediscutir la definición de discapacidad social y propone un reempadronamiento que reconfiguraría quién accede a beneficios.
Reflexión barrial
En Colegiales, donde vecinos conviven día a día con problemas de acceso a la salud, trámites burocráticos interminables y falta de respuestas estatales, este caso se siente cercano. No se trata de un escándalo lejano: hablamos de fondos públicos que deberían garantizar medicamentos y pensiones, y que en lugar de eso terminan envueltos en maniobras turbias.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde llegará esta causa? ¿Habrá responsables reales pagando por el desfalco, o quedará en un nuevo capítulo de impunidad política a la argentina?