Más corrupción, más ineficacia, más tranza: el TSJ se muda de sede
Una anciana inició un reclamo por una gotera que le arruina la medianera desde hace tres años: gastó cientos de miles de pesos en arreglos y abogados, y el juez de la causa todavía se rasca las bolas. En paralelo, presos se escapan de comisarías como si fueran hoteles de paso. Los vecinos hacen fila con denuncias por ruidos molestos de bares y boliches, pero la Justicia porteña ni los atiende. Expedientes que duermen el sueño eterno, fallos que se dictan cuando ya no sirven para nada, funcionarios que confunden el tribunal con un club privado. La realidad es clara: el Poder Judicial de la Ciudad no garantiza derechos, garantiza impunidad. La burocracia es infinita, la corrupción es endémica y la eficacia es nula. Mientras el ciudadano común padece goteras, inseguridad y ruidos insoportables, los jueces inauguran edificios, se felicitan entre sí y hablan de “autonomía”. Autonomía, sí, pero para blindarse de los problemas reales. La justicia de la Ciudad es un monumento al privilegio y a la desconexión social.
Mientras la justicia nacional se derrumba en credibilidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se inauguró con pompa la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en un edificio histórico de Carlos Pellegrini 313. El acto, cargado de discursos institucionales, estuvo atravesado por la paradoja de siempre: más cemento, más cargos, más poder… pero la misma ineficacia de un sistema que parece blindarse para sí mismo y no para el ciudadano.
El acto oficial
Encabezaron la ceremonia la presidenta del Tribunal, Inés Weinberg de Roca, y la vicepresidente, Alicia Ruiz, junto a los jueces Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. Se sumaron Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, y toda la troupe judicial: consejeros, defensores, ministros y funcionarios que convirtieron la inauguración en una foto de familia del poder judicial y político de la Ciudad.
Weinberg repitió la consigna de siempre: “Nuestro desafío es aunar esfuerzos para no perjudicar al ciudadano”. Palabras calcadas que suenan a eco en un palacio donde las prioridades parecen otras: blindaje, autonomía formal y más control sobre las causas calientes que circulan en la justicia nacional.
La narrativa oficial
Macri, como buen anfitrión, se permitió elevar la vara: “Este edificio representa un hito en la madurez institucional y en la autonomía real de la Ciudad”. Lo dijo como si la mudanza de un tribunal fuera la panacea de la independencia, cuando en la práctica los fallos estratégicos siguen teniendo el mismo ADN político.
Lo que no se dice
Tras el fallo “Levinas”, que amplió el poder del TSJ como tribunal de apelación frente a las cámaras nacionales en lo Civil, Comercial, Penal y Laboral, esta nueva sede no es solo una cuestión edilicia: es la marca de un proceso de expansión silenciosa, donde la Ciudad arma su propio laberinto judicial, con jueces cada vez más atornillados al poder político de turno.
En criollo: más oficinas, más trajes, más presupuesto y menos justicia real. La foto es clara: Macri sonríe, los jueces aplauden, los consejeros se alinean. Afuera, el ciudadano sigue esperando que el sistema judicial funcione con rapidez, transparencia y equidad.