Preocupación por la demolición del Luna Park
Basta de Demoler y Fundación Ciudad en alerta: Preocupación por la demolición del Luna Park
Las fundaciones exigieron un freno al proyecto que amenaza con destruir un ícono porteño declarado Monumento Histórico Nacional.
OTRO CRIMEN MAS.
Buenos Aires, viernes 20 de diciembre de 2024.
El futuro del mítico Estadio Luna Park ha despertado alarma entre las organizaciones Basta de Demoler y Fundación Ciudad, que calificaron de “grave” la intención de demoler el emblemático “Palacio de los Deportes”. Ambas instituciones enviaron cartas a la Comisión Nacional de Monumentos y al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, exigiendo la paralización de las obras proyectadas.
Preocupación por la integridad del Luna Park
Declarado Monumento Histórico Nacional en 2007, el Luna Park está protegido por la Ley N° 12.665, que impide alteraciones significativas en su estructura. No obstante, un proyecto liderado por DF Entertainment, concesionaria vinculada a la multinacional Live Nation Entertainment Inc., plantea su demolición para dar paso a un nuevo estadio con capacidad para 13.000 espectadores.
Las fundaciones cuestionaron la legalidad de estas obras, argumentando que modificar un monumento histórico requiere dictámenes favorables de las autoridades competentes. A través de cartas firmadas por Ana Bas, presidenta de Basta de Demoler, y Andreína de Luca de Caraballo, presidenta de Fundación Ciudad, solicitaron información detallada sobre las gestiones realizadas por los propietarios y las autorizaciones otorgadas.
Contradicciones en el proyecto
El contrato de concesión firmado entre Stadium Luna Park S.A. (propiedad compartida entre el Arzobispado de Buenos Aires y la Institución Salesiana) y DF Entertainment establece una inversión de 34 millones de dólares para demoler el actual estadio y construir uno nuevo. Este incluye:
- Un aumento del aforo en un 53%.
- La construcción de dos niveles subterráneos para estacionamiento.
- La adición de dos niveles superiores para palcos.
A cambio, la Iglesia recibiría una prima de un millón de dólares al firmar el contrato, más un millón anual durante los próximos 40 años de concesión. Sin embargo, estas modificaciones contradicen las normativas vigentes, que prohíben cualquier alteración en el volumen, fachada o estilo del edificio histórico.
Un llamado a la acción
Las fundaciones exigieron que el gobierno porteño y la Comisión Nacional de Monumentos cumplan con su deber de tutela. También solicitaron suspender cualquier tipo de intervención hasta que las condiciones legales sean verificadas.
Este caso plantea un dilema crucial entre la protección del patrimonio histórico y los intereses económicos. ¿Debería priorizarse la modernización a expensas de un ícono porteño?
Si Usted quiere participar en este debate, envíe un mail a info@palermonline.com.ar.