Robo de electricidad en edificios porteños: un delito costoso y peligroso

Buenos Aires, diciembre de 2024 – El robo de electricidad en edificios no solo genera titulares en los juzgados, sino que también desata debates éticos y económicos en la vida urbana porteña. Este acto, que algunos justifican bajo la excusa de la crisis económica, está penado por el Código Penal argentino y puede acarrear graves consecuencias legales, económicas y de seguridad.

Según la legislación vigente, apropiarse ilegítimamente de electricidad, considerada un bien mueble, está tipificado en el artículo 162 del Código Penal, que establece penas de prisión de uno a dos años. Además, si se utiliza fuerza en las cosas o violencia, el artículo 164 agrava la pena, extendiéndola hasta seis años. En un edificio, tanto el electricista que ejecuta la conexión clandestina como el consorcio o propietario que la permite, podrían ser considerados cómplices y enfrentarse a estas penas.

Multas millonarias y el costo del delito

El castigo no se queda solo en lo penal. Empresas distribuidoras como Edenor o Edesur imponen severas multas económicas a los infractores. En el caso de Edenor, estas sanciones se calculan considerando el 40% de la energía robada, sumando gastos de recuperación, impuestos y contribuciones. Estas cifras pueden escalar rápidamente, especialmente en edificios donde las conexiones clandestinas abastecen consumos elevados.

El caso de Las Cañitas: una alerta que marcó un antes y un después

En septiembre pasado, un edificio en el exclusivo barrio de Las Cañitas protagonizó un episodio que puso en jaque a su consorcio. Tras una inspección sorpresa de Edesur, se detectó una conexión clandestina que abastecía áreas comunes y dos unidades particulares. El escándalo creció cuando se supo que el administrador del consorcio había contratado a un electricista para realizar la conexión ilegal, bajo la excusa de reducir costos en tiempos de crisis.

El resultado fue devastador: además de enfrentar cargos penales, los propietarios recibieron una multa superior a los $15 millones. “Nos quedamos sin fondos para el mantenimiento del edificio, y ahora también debemos afrontar un juicio contra el administrador”, declaró uno de los vecinos afectados.

Un riesgo que pone en juego vidas

Más allá de las cuestiones legales y económicas, el robo de electricidad representa un peligro tangible. Las conexiones ilegales suelen carecer de las medidas de seguridad adecuadas, incrementando el riesgo de incendios, electrocuciones y otros accidentes. En un edificio de Palermo Soho, el pasado mes de septiembre, una conexión clandestina provocó un cortocircuito que dejó a todo el inmueble sin servicio eléctrico durante días y causó daños estructurales.

Las autoridades instan a denunciar estas prácticas y recuerdan que existen programas de asistencia energética para quienes enfrentan dificultades económicas. En palabras de un vocero de Palermo Online Noticias: “Es fundamental buscar soluciones legales y seguras. Robar electricidad es un parche peligroso que no resuelve el problema de fondo.”

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